Elecciones municipales de abril de 1931

Ante la convocatoria a elecciones municipales de abril de 1931, la mayor parte de los obispos españoles se mantuvieron neutrales.

Hubo, no obstante, alguna excepción, como Monseñor Múgica, que llegó a sostener que en ese momento concreto eran indignos los candidatos republicano-socialistas, cuyo ideario, expuesto en mítines, periódicos y proclamas, pugnaba abiertamente con la doctrina de la Iglesia, por lo que no se les podía votar y dignos y merecedores del voto, por el contrario,  los candidatos derechistas, únicos que ofrecían sólidas garantías de mantener la religión y el orden.

La prensa española de inspiración católica (El Debate, Época, ABC identifican las candidaturas de los monárquicos con los partidarios de la religión y promueven que se les vote.

Instauración de la República

Ante el hecho consumado de la instauración de la república el 14 de abril, ¿cuál fue la postura de la jerarquía eclesiástica?

Roma, por medio del nuncio en España, Tedeschini, acepta la nueva situación, y, basándose en el accidentalismo de las formas de gobierno da instrucciones a los obispos para que sean obedecidos los poderes constituidos.

El nuncio envía una carta al cardenal de Tarragona, Vidal i Barraquer, expresándole «ser deseo de la Santa Sede que V.E. recomiende a los sacerdotes, a los religiosos y a los fieles de su diócesis que respeten los poderes constituidos y obedezcan a ellos para el mantenimiento del orden y para el bien común»

Los obispos españoles, a su vez, siguiendo las instrucciones recibidas de la Santa Sede, escriben a favor del acatamiento del nuevo régimen.

Excepcionalmente, el cardenal Gomá (en su carta pastoral “Sobre los deberes de la hora presente”, de 10 de mayo) y sobre todo el cardenal Segura, se mostrarán recelosos.

Éste último publica el 1 de mayo una carta pastoral en la que exalta la monarquía española y aun a Alfonso XIII y llama a la unión de todos los católicos, monárquicos y republicanos, por encima de sus diferencias en lo opinable, en defensa de los derechos de Dios y de la Iglesia. Aun así, el cardenal Segura, recordando la doctrina tradicional de la Iglesia y las recientes orientaciones emanadas de Roma, escribía: “Es deber de los católicos tributar a los gobiernos constituidos de hecho respeto y obediencia para el mantenimiento del orden y del bien común”. “Sírvanos en este punto de guía para nuestra conducta la prudentísima actitud de la Santa Sede, que, al darse por notificada de la constitución del nuevo Gobierno provisional, declaró estar dispuesta a secundarlo en la obra de mantenimiento del orden social, confiando que él también por su parte respetará los derechos de la Iglesia y de los católicos en una Nación donde la casi totalidad de la población profesa la Religión católica”.

El Debate, órgano oficioso de la jerarquía, el 15 de abril señala su aceptación del régimen por el hecho mismo de haberse producido”, si bien, tres días después, en su editorial advierte a sus lectores que no se ilusionen, pues hay signos de que el acierto en materia religiosa no va a ser la pauta del gobierno provisional.

Otro documento público, la Declaración colectiva de los Reverendísimos metropolitanos de 9 de mayo, redactada por el cardenal Segura tras una reunión en Toledo, insiste en el propósito de aglutinar a los grupos católicos:

«Es, pues, apremiante en la actualidad el que los católicos, prescindiendo de sus tendencias políticas, era las cuales pueden permanecer libremente, se unan de una manera seria y eficaz a fin de conseguir que sean elegidos para las Cortes Constituyentes candidatos que ofrezcan plena garantía de que defenderán los derechos de la Iglesia y del orden social».

Los saqueos y quemas de edificios religiosos en mayo de 1931

El 11 de mayo y los siguientes días fueron incendiados, asaltados y saqueados 41 inmuebles religiosos en Málaga (sólo una de sus parroquias quedó intacta; también se destruyen templos en municipios malagueños como Torremolinos, El Palo, Churriana, etc.), 11 en Madrid, 4 en Sevilla, otros 4 en Cádiz, 5 en Jerez, 2 en Algeciras, 2 en Sanlúcar, 21 en Valencia y provincia, 13 en Alicante, 4 en Murcia. Así hasta algo más de un centenar entre los que también se cuentan bibliotecas, centros de formación, escuelas para obreros, en apenas tres días; y en los meses siguientes no dejan de menudear las quemas.

De la pasividad del Gobierno proporciona datos de primera mano Miguel Maura en sus Memorias. La declaración del estado de guerra en Madrid, que Maura juzgó disparatada antes de intentar el mantenimiento del orden con fuerzas de la guardia civil, resultó tardía para impedir los vandálicos destrozos y no fue obstáculo para que el 12 continuaran en otras ciudades españolas. No obstante, la intervención espontánea de Guardia Civil o Policía impidió en la capital el incendio de otros establecimientos religiosos, lo que exhibió más categóricamente la culpable falta de energía del Gobierno provisional, empeñado en identificar demagógicamente la acción incendiaria con la voluntad popular (Presidente Alcalá Zamora: Sólo fogatas de virutas; ministro Azaña: Todos los conventos no valen la vida de un republicano. Si sale la Guardia civil, dimito). No se incoó proceso alguno y hasta se hizo recaer la responsabilidad de los desmanes sobre las propias víctimas.

¿Cuál fue la reacción de los obispos ante esta combustión combinada de los edificios y los ánimos? En la mayoría de los boletines se guarda silencio y sólo semanas después se efectúan alusiones al tratar de otros temas, como el Sagrado Corazón o el Rosario. Pero entre la minoría que se pronuncia otra vez encontramos una gradación que repite las posiciones del 14 de abril, aunque ahora con algunas defecciones en la aceptación del régimen y mayor severidad en los críticos.

Vidal y Barraquer exhibe una postura de comprensión hacia el gobierno, que ha tenido en su opinión que enfrentarse a un problema grave, posición en la que abunda el obispo de Tortosa, al subrayar que el gobierno merece alabanza por su reprobación de los hechos aunque algunas de sus medidas mantengan en zozobra a los católicos, y el de Barcelona, don Manuel Irurita, quien tras aludir a “los horribles sacrilegios que acaban de cometerse”, muestra una extraordinaria comprensión política por “el Gobierno Provisional de la República, quien, como representante de una nación de abolengo y tradiciones caballerescas y cristianas, ha de experimentar, como Nos, hondo pesar por tales hechos que nos llenan de rubor ante el mundo civilizado”.

Sin acusaciones expresas, el obispo de Madrid trasluce en realidad su defección, su abandono del apoyo que ha solicitado para la República.

Gomá y Segura redoblan sus críticas tras los graves acontecimientos. El obispo de Tarazona une el lamento por los incendios con la legislación que está aprobando el gobierno, y con mayor energía todavía Segura, que se encuentra en Roma, redacta una Exposición al Presidente del Gobierno provisional en nombre de los metropolitanos, cuyo tono, una vez más, no satisface a alguno de ellos. En este documento a la protesta por los incendios se añade una larga enumeración de agravios: supresión de la obligatoriedad de la misa en el Ejército, secularización de cementerios y separación Iglesia-Estado, prohibición a los gobernadores civiles de tomar parte en actos religiosos, supresión de honores militares al Santísimo a su paso por las calles, supresión de la obligatoriedad de la enseñanza religiosa, libertad de cultos, disposiciones sobre el tesoro artístico, infracción de la inmunidad del personal eclesiástico.

Expulsión del Cardenal Primado

El 12 de mayo el cardenal Segura se trasladó a Madrid donde mantuvo contactos con varias personas que le aconsejaron se marchara de España al pensar que el Gobierno, tarde o temprano, iba a ordenar su expulsión. Al día siguiente se trasladó a Roma, donde tiempo más tarde fue recibido por Pío XI y por el cardenal Pacelli, a quienes informó sobre la situación española. Y también desde Roma y con fecha 3 de junio, hizo pública la exposición dirigida al presidente del Gobierno en nombre de los Metropolitanos:

 “Excelentísimo señor: reunidos los metropolitanos españoles para estudiar debidamente la situación creada a la Iglesia española por el nuevo estado de cosas, con el fin de trazar a las fieles normas seguras de su actuación cristiana en los actuales momentos, acordaron dirigir atento escrito a vuecencia, en calidad de presidente del Gobierno provisional, según lo han venido haciendo con anterioridad en sus reuniones habituales.

Hacen constar, en primer término, que, reiterando las manifestaciones hechas por todos los reverendísimos prelados, han recordado a los católicos españoles el respeto y la obediencia que deben a las autoridades constituidas, y la cooperación en todo aquello que concierne al bien común y a la paz social, en la convicción de que las autoridades respetarían los derechos de la Iglesia y de los católicos en esta nación, en la que la inmensa mayoría de los ciudadanos profesan la religión católica.

Mas se han visto en la precisión de cumplir al mismo tiempo con el angustioso deber que les impone su cargo pastoral, de manifestar la penosísima impresión que les han producido ciertas disposiciones gubernativas, emanadas del Poder público, o la realización de hechos incalificables que vetan de un modo manifiesto derechos sacratísimos de los que viene gozando desde tiempo inmemorial la Iglesia en España”.

Apenas el Gobierno había podido digerir las palabras del cardenal y demás prelados, cuando el 11 de junio Segura vuelve a España y entra por la frontera de Roncesvalles, permaneciendo en paradero desconocido para el Gobierno durante tres días. Por esas fechas ya se había pedido a Roma su expulsión de territorio español: “Con motivo de la Pastoral que el Primado de Toledo dirigió a otros Prelados, con ocasión de la proclamación de la República, el Gobierno estimando peligrosa la permanencia del Cardenal en España, solicitó de la Santa Sede la remoción de D. Pedro Segura de la Silla Metropolitana de Toledo”. Después de viajar por carreteras de segundo orden, para no ser descubierto, consigue llegar a Madrid y posteriormente a Guadalajara donde fue mandado detener por el Gobierno sin que opusiera resistencia alguna. A continuación, fue llevado al Gobierno Civil y al día siguiente le fue comunicado que tenía que salir de España, a lo que el cardenal se negó si antes la orden de expulsión no le era notificada por escrito. Al poco tiempo le hicieron entrega de un comunicado que decía: “De orden del Gobierno Provisional de la República española, sírvase ponerse inmediatamente en marcha hacia la frontera de Irún. Dios guarde a su Eminencia muchos años. Guadalajara, 15 de junio de 1931. El Gobernador Civil”. Una vez finalizada la lectura del comunicado, Segura escribió el jefe del Gobierno pidiendo se le expliquen los motivos de su expulsión, a la vez que se lamentaba de carecer de dinero, de ropa, de medicinas, etc. Así y todo, se cumplió la orden de alejarlo de España y «a las cuatro y media de la madrugada, y en un automóvil de la Dirección General de Seguridad, llegó a la frontera el cardenal Segura.

Ante la expulsión del cardenal primado, la movilización de las organizaciones católicas fue impresionante

Otros elementos de tensión.

Los procesos que confluyen en una situación de tensión Iglesia-Estado en las primeras semanas de la Segunda República, antes de la publicación de los anteproyectos de Constitución, son muy diversos.

Capítulos básicos en las primeras semanas son los decretos e instrucciones sobre enseñanza religiosa, escuela única y libertad de cultos.

Enseñanza de la religión. El Decreto de 6 de mayo sobre voluntariedad de enseñanza de la religión, desarrollado en circular de 13 de mayo, exime de tal disciplina a los alumnos cuyos padres no la soliciten expresamente, y a los maestros de impartirla, al tiempo que se prohíbe dentro del horario escolar. En el caso de que el maestro no desee enseñarla solicitará la colaboración de un sacerdote que ha de proporcionarle el párroco. El Debate llamó al decreto “un desahogo del sectarismo”; la Asociación Nacional Católica de Padres de Familia lamentó lo que podría ocurrir en casos de maestros comunistas o ateos, que obstaculizarían la entrada del sacerdote y llegarían a prohibir la enseñanza religiosa incluso a quien la pidiere.

Escuela única.

El Debate considera que con esta unificación del sistema escolar los padres no tienen la posibilidad de elegir la orientación que desean para sus hijos y en consecuencia se les desplaza en un ámbito esencial de responsabilidad familiar.

Libertad de cultos. El decreto de 22 de mayo provoca vehementes protestas de la jerarquía. En sus líneas esenciales establecía la prohibición de inquirir el credo religioso de los ciudadanos, la autorización del culto público y privado de todas las confesiones y la no obligación de participar en ceremonias públicas, de donde se derivaba la no asistencia de las autoridades civiles a procesiones y actos litúrgicos solemnes.

La Constitución republicana

La expulsión de los católicos de la República (en expresión de don Ángel Herrera, figura sobresaliente del catolicismo de la época y director del periódico El Debate) se consumó sin duda con la aprobación el 9 de diciembre de la Constitución de 1931.

El 13 de octubre de 1931 se debatió en las cortes el más polémico de los artículos del proyecto constitucional referente a la Iglesia, el artículo 26.

“Todas las confesiones religiosas serán consideradas como asociaciones sometidas a una ley especial. El Estado, las regiones, las provincias y los municipios no mantendrán, favorecerán ni auxiliarán económicamente a las iglesias, asociaciones e instituciones religiosas. Una ley especial regulará la total extinción, en un plazo máximo de dos años, del presupuesto del clero. Quedan disueltas aquellas órdenes religiosas que estatutariamente impongan, además de los tres votos canónicos, otro especial de obediencia a autoridad distinta de la legítima del Estado [indisimulada alusión a la Compañía de Jesús]. Sus bienes serán nacionalizados y afectados a fines benéficos y docentes. Las demás órdenes religiosas se someterán a una ley especial votada por las Cortes Constituyentes y ajustada a las siguientes bases:

1ª Disolución de las que, por sus actividades, constituyan un peligro para la seguridad del Estado.

2ª Inscripción de las que deben subsistir, en un registro especial dependiente del Ministerio de Justicia.

3ª Incapacidad de adquirir y conservar por sí o por persona interpuesta más bienes que los que, previa justificación, se destinen a su vivienda o al cumplimiento directo de sus fines privativos.

4ª Prohibición de ejercer la industria, el comercio o la enseñanza.

5ª Sumisión a todas las leyes tributarias del país.

6ª Obligación de rendir anualmente cuentas al Estado de la inversión de sus bienes en relación con los fines de la asociación.

Los bienes de las órdenes religiosas podrán ser nacionalizados».

La reacción de los católicos, como era de prever, no se hizo esperar.

El Debate, en editorial publicado el 14 de octubre manifiesta: “Los católicos hemos extremado los deseos de concordia. Sin una provocación de nuestra parte, se nos ha declarado la guerra con un ataque sectario a la Religión. En el exterior no hay prestigio y en el interior el malestar es profundo y en medio de esto se alza bandera contra la Iglesia que desde el advenimiento del Régimen ha extremado la tolerancia, la transigencia, la comprensión, las concesiones, el afán de concordia. La Constitución que se elabora ya no es nuestra. No estamos los católicos dentro de ella. Se ha proclamado ya a las claras la guerra, la persecución contra la creencia religiosa. Tenemos que defender la fe, tenemos que trabajar dentro de la legalidad contra esa Constitución. ¡Nada de guerra civil! Sería ilícita, insensata, imposible de mantener. ¡Dentro de la ley! ¡Nada de palabras altisonantes!”.

 El 17 de octubre El Debate publica un manifiesto de los diputados católicos en el que entre otras cosas se dice: “La Constitución que va a aprobarse no puede ser nuestra porque es antirreligiosa y antisocial y por ello, ya desde ahora, levantamos la bandera de la revisión”

El Episcopado español envía el 18 de octubre un mensaje de agradecimiento al Papa, en el que se puede leer:

“Fácilmente se comprenderá cuán numerosos y graves sean los daños con sólo considerar las causas de donde proceden: separación completa y radical entre la Iglesia y el Estado, se ha llegado a este punto sin contar con la gran fuerza social de la Religión; equiparación de la religión católica a las otras confesiones a pesar de que ninguna de éstas cuenta en España con fieles numerosos. (...) Esto que en otras naciones puede ser conveniente, en España es obra de un sectarismo pernicioso. (...) Se han tomado medidas contra las Órdenes religiosas, especialmente contra la Compañía de Jesús. Se nacionalizaron los bienes de ésta; se dieron disposiciones sobre la enseñanza y con ello se pretende arrancar al niño de la educación de sus padres y a los jóvenes de la influencia de la Iglesia; se atenta contra la indisolubilidad del matrimonio; implantación del divorcio; se suprime la dotación de culto y clero, quebrantando los solemnes pactos contraídos por el Estado a título de justicia. (...) Lo peor de todo es el laicismo que, a fin de cuentas, lo que intenta es sustraer a la ley de Cristo toda la sociedad... [basándose] en una filosofía ingeniosa pero desprovista de base científica. En nombre de la libertad de pensamiento y de la transigencia se imponen errores ya hace tiempo condenados... La proclamación del ateísmo oficial con todos sus horrores y daños incalculables». «[los católicos] atenderán a la defensa de los altos intereses de la Iglesia con el concurso de todas las buenas energías empleadas por las vías justas y legítimas. Haciendo esto, se sirve también a la Patria como fervientes y dóciles ciudadanos, siguiendo así las instrucciones del Episcopado que ha reconocido y acatado el Poder constituido sin vincularlo jamás a una determinada forma de gobierno”.

Estas mismas ideas recoge el episcopado español en la pastoral publicada por El Debate el 1 de enero de 1932, en la que manifiestan su disgusto ante varios preceptos constitucionales.

La legislación antirreligiosa de desarrollo de la Constitución y las medidas sectarias continuaron como en cascada tras la promulgación de la ley fundamental. A mediados de enero del 32, el director de Primera Enseñanza, don Rodolfo Llopis, envía una circular a todos los maestros ordenando la retirada inmediata de los crucifijos de las aulas en cumplimiento del art. 43 de la Constitución.

El 24 de enero se decreta la disolución de la Compañía de Jesús conforme al art. 26 de la Constitución y la incautación de todos sus bienes.

El dos de febrero se aprueba la ley del divorcio, el seis son secularizados los cementerios y el 11 de marzo se suprime la asignatura de religión en todo el sistema educativo. El 17 de mayo de 1933 es aprobada la Ley de Confesiones y Congregaciones religiosas, que acabó condenando el propio Pío XI en su encíclica Dilectissima nobis.

Como hemos visto hasta aquí, la posición de la jerarquía católica es en todo momento, de acatamiento del poder constituido, de resistencia pasiva a las leyes injustas, pero resistencia siempre dentro de los cauces legales establecidos; mientras que las autoridades republicanas demuestran en todo momento una beligerancia extrema contra la religión y la Iglesia.

No obstante, cuando todos los cauces legales fueron agotados, la misma jerarquía justificó la sublevación contra la tiranía Frentepopulista, calificándola de cruzada, como de hecho fue.

Pero ese es otro tema.